Confidencial
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doméstica
La
Generalitat bordea el desacato en el 'caso ATLL'
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ordena por cuarta vez a Territori i Sostenibilitat que le
entregue la oferta de Acciona para gestionar el agua
Por Cristina Farrés
El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamado de nuevo ser el árbitro del caso
ATLL. En una interlocutoria publicada el pasado cuatro de marzo, exige otra vez
a la Generalitat que le entregue toda la documentación incluida en la oferta de
Acciona para quedarse con la gestión de esta compañía.
Es la cuarta vez que la sección quinta de la
sala de lo contencioso administrativo del tribunal pide al departamento de
Territori i Sostenibilitat que le entregue el documento. Si el Govern catalán
desoye otra vez la demanda, incurriría en un delito de desacato a un tribunal,
según informan fuentes judiciales a Economía Digital.
La reclamación del TSJC parte de una demanda
del rival de Acciona en el concurso, Aguas de Barcelona (Agbar). La compañía
encabezada por Ángel Simón decidió emprender acciones legales tras la negativa
de la conselleria de mostrarle la oferta completa de la gestora de
infraestructuras controlada por la familia Entrecanales. Su fin era establecer
correctamente las bases legales de la impugnación que querían presentar, un
procedimiento habitual en la contratación pública, según otros interlocutores
judiciales.
Confidencialidad
Los magistrados de la sala reclaman,
concretamente, que la conselleria encabezada por Santi Vila le tramite “por
separado” el contenido íntegro de la documentación que contiene “los sobres A)
Propuesta general, B) Propuesta técnica y C) Propuesta económica”. Además,
quiere que el departamento señale “los aspectos declarados confidenciales de
los que no lo han sido para que el Tribunal pueda garantizar la
confidencialidad acordad por la administración”.
El fin de los jueces del TSJC es,
precisamente, “decidir sobre dicha declaración”.
Oferta técnica
En el mismo documento judicial, los
magistrados reconocen que los escritos que Territori i Sostenibilitat ha
declarado confidenciales “se corresponden con una estrategia empresarial sobre
operación y mantenimiento de estaciones potabilizadoras y desalinizadoras”.
Forman parte de la oferta técnica, un apartado en el que la propuesta de Agbar
superó la valoración recibida por su rival. Aunque en este concurso público
primaba la oferta económica.
El TSJC publicó esta interlocutoria pocos días
antes de resolver, en otros tres documentos, que el órgano independiente que
media en los conflictos en la contratación pública, el OARCC, tenía razón en
decretar que la oferta de Acciona no cumplía con el pliegue de condiciones del
concurso y tenía que ser desestimada. Precisamente, por no cumplir con una de
las exigencias del apartado técnico. Los magistrados estimaron que “la
anulación del contrato [de gestión de ATLL] es una consecuencia natural de la
resolución del OARCC”.
La Generalitat y Acciona ya han anunciado que
recurrirán la decisión del tribunal catalán.
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